Una constante del discurso kirchnerista es separar absolutamente el modelo neoliberal, impuesto por la dictadura en 1976, del “productivo con inclusión social”, establecido en 2003, y vigente hasta el presente. Según este relato, entre 1976 y 2003 las políticas de los gobiernos fueron anti-nacionales y anti-pueblo, y favorables a los grupos económicos que se rigen por una lógica especulativa y financiera. Pero todo habría cambiado con la llegada de los Kirchner a la presidencia de la nación.
Claro que de ser esto así, se plantea el problema de explicar el apoyo del matrimonio “nacional y popular”, y también de montoneros y militantes de la “gloriosa JP” de los 70, al menemismo; así como la participación de relevantes kirchneristas (Nilda Garré, Abal Medina) en el gobierno de la Alianza. Recordemos que en los 90 se despidieron decenas de miles de trabajadores estatales; se privatizaron las empresas de correos, agua, teléfonos, gas, petróleo, ferrocarriles y las cajas de jubilaciones; se impusieron topes a los aumentos salariales; se ataron los aumentos en el sector privado a los incrementos de productividad; se habilitaron los contratos temporarios y se los promovió: se inició la discusión sobre la ley de flexibilización laboral (que se votaría con el gobierno de la Alianza); se redujeron las indemnizaciones por accidentes laborales; se estableció que la vigencia de los convenios colectivos podía suspenderse por tres años en casos de concursos y quiebras; y se incluyeron cláusulas que implicaban precarización laboral en numerosos convenios laborales (automotriz, siderurgia, alimentación). También en los 90 se extendió la sojización, y se iniciaron los grandes emprendimientos mineros a manos de empresas transnacionales. Y funcionarios, empresarios y burócratas sindicales se enriquecieron vertiginosamente con los negociados que posibilitaron las privatizaciones. Los Kirchner, además de enriquecerse, participaron de la privatización de YPF, de las cajas de jubilaciones y del bancos de Santa Cruz; fueron constituyentes en 1994 y proclamaron a Menem el mejor presidente argentino, después de Perón. Otros altos funcionarios kirchneristas tuvieron actuaciones parecidas.
Se plantea entonces la “pregunta imposible”: ¿cómo pudo suceder esto, estando el “movimiento nacional” en el gobierno? Aunque habitualmente los militantes K eluden la cuestión, disponemos sin embargo de una elaborada respuesta, producto del investigador en ciencias sociales Eduardo Basualdo. Para quienes no lo conocen, digamos que Basualdo es doctor en Historia, investigador del Conicet, coordinador de varias áreas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, participa de la CTA oficialista e integra desde hace poco el directorio de YPF. Sus trabajos son altamente valorados en los medios académicos y en el progresismo izquierdista. En 2011 publicó Sistema político y modelo de acumulación, que reúne tres largos ensayos de su autoría. En el segundo de esos ensayos, originariamente publicado en 2001, presenta una explicacón de cómo fue posible que el movimiento nacional y popular abrazara la causa del neoliberalismo en los 90. En esta nota resumo su respuesta y la analizo críticamente.
Basualdo y el transformismo argentino
En Sistema político…. Basualdo plantea que “esa dictadura (la de 1976) no explica todo lo acontecido durante la valorización financiera porque a ella le sucedieron tres gobiernos constitucionales”. ¿Cómo pudieron ejercer el control político los “sectores dominantes” con gobiernos elegidos bajo elecciones libres? Precisemos que por “sectores dominantes” Basualdo no entiende la clase capitalista, como haríamos los marxistas, sino “las grandes empresas oligopólicas y los grupos económicos y conglomerados”. La respuesta de Basualdo al enigma planteado se sintetiza en una palabra: transformismo. Por transformismo -noción que toma de Gramsci- quiere significar una situación en la que los sectores dominantes excluyen todo compromiso “con las clases subalternas”, pero mantienen la dominación “sobre la base de la integración de las conducciones políticas de esas clases subalternas”. En otras palabras, dominan cooptando a los dirigentes políticos, sindicales, empresariales, estudiantiles, barriales, etcétera, para que instrumenten las políticas que les convienen.
Sin embargo, ése es el transformismo “en general”, ya que en Argentina, habría tenido dos particularidades, según Basualdo. Por un lado, la ideología habría sido suministrada desde los países centrales; en consecuencia, estaba vacía de contenidos “específicamente nacionales”. En segundo término, y más importante, los “sectores dominantes” nunca pudieron consolidar un partido propio, con sus “intelectuales orgánicos”. Por eso, a lo largo de décadas, recurrieron a golpes de Estado y a dictaduras. Pero a partir de 1983 eso ya no era posible. ¿Qué hicieron? Pues coimearon y pagaron altos salarios. En palabras de Basualdo, recurrieron a “la corrupción y los altos ingresos relativos que perciben los integrantes del sistema político. (…) Se trata de la irrupción de los denominados retornos… no se trata de un fenómeno circunstancial … sino estructural e intrínseco al nuevo patrón de acumulación de capital dominante (…) … los elevados salarios relativos que perciben los cuadros orgánicos al servicio del poder establecido”. Esto habría sido “vital” para descabezar a las “conducciones de los sectores populares”, y para incorporar intelectuales “supuestamente independientes”.
Hasta donde alcanza mi conocimiento, los intelectuales K no han presentado objeciones a esta explicación, y no por desconocimiento. Axel Kicillof y Enrique Arceo, hoy altos funcionarios kirchneristas, integran el consejo editorial de Cara y Ceca, la editorial que publicó Sistema político... . Además, originariamente, el ensayo de Basualdo fue prologado por Horacio Verbitsky, y comentado, entre otros, por José Nun. De manera que los intelectuales y políticos kirchneristas conocen y parecen avalar la explicación de Basualdo. Sin embargo, y extrañamente, no hablan del asunto, a pesar de que muchas veces se ha planteado cómo fue posible que el “movimiento nacional y popular” hiciera lo que hizo en los 90. ¿Por qué no dan más publicidad los intelectuales K a la tesis del doctor Basualdo? ¿Será acaso porque su explicación termina reduciendo a muchos patriotas de hoy a una vulgar banda de coimeros de los 90? Un tema digno de profundizarse en las elevadas cátedras universitarias de sociología y politología.
La sociedad y la historia en clave moral
Si bien los partidarios K no hablan del rol de las coimas durante el menemismo, acostumbran aplicar el esquema a la actualidad política. Por ejemplo, ¿por qué Lanata, Majul, Binner o Lozano se oponen al gobierno nacional y popular”? La respuesta “a lo Basualdo” es: porque están a sueldo de los grupos económicos, Clarín en primer lugar. No hace falta pensar mucho más. La respuesta es simple y contundente, además de estar respaldada por el prestigioso “transformismo” gramsciano. Aunque el mismo razonamiento aplican los críticos del gobierno K, solo que al revés: los funcionarios hacen lo que hacen porque reciben coimas (de los Cirigliano, Baez, Cristóbal López, etc.). De manera que la tesis es multiuso. Por eso también, puede dar resultados ambiguos. Por ejemplo, según la oposición, Alberto Fernández habría recibido coimas de los Baez y Cristóbal López (y del grupo Clarín hasta 2008) cuando estuvo en el Gabinete K; pero según los amigos del gobierno, ahora las recibiría de Clarín (aunque no antes de 2008). Los dos bandos se quedan sin explicar alguna parte de la historia, pero esto es solo un detalle. De la misma forma, Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia, era víctima del “transformismo coimero” en 1993, cuando fue informante por el menemismo del proyecto de privatización de las jubilaciones; pero patriota y popular desde 2003. La doctora Carrió, en cambio, no había caído en las redes del “transformismo” en 2000, cuando proponía la estatización de las jubilaciones, pero hoy sí es coimeada (según los K) por los grupos extranjerizantes.
Por supuesto, el método también se puede extender a los análisis transfronteras, o históricos. ¿Por qué Hollande aplica ahora un plan de ajuste en Francia? Respuesta: porque los “grupos” franceses le aumentaron el salario y su participación en “mordidas”. ¿Por qué el gobierno de Isabel aplicó el Rodrigazo? Respuesta: porque los grupos económicos coimearon a la presidenta a partir de junio de 1975. ¿Por qué no lo aplicaron Perón y Gelbard? Respuesta: porque eran inmunes al “transformismo”. ¿Cómo fue posible la industrialización basada en la sustitución de importaciones? Respuesta: porque a partir de la presidencia de Agustín P. Justo, y hasta 1976, los gobiernos no aceptaban coimas de los capitales extranjeros (¿y Lisandro de la Torre?… otro detalle). ¿Por qué Perón nacionalizó los ferrocarriles? De nuevo, porque no aceptó coimas de los ingleses. ¿Por qué Frondizi firmó contratos petroleros con empresas extranjeras? Porque era un “transformista coimero”. ¿Por qué luego los anuló Illia? Porque no aceptó coimas. Y así hasta el infinito.
Paremos con el chiste. La absurda simpleza a la que hemos llegado es inseparable de la pobreza de la tesis. Es lo que sucede cuando se sostiene que la moral, o el altruismo de líderes y altos personajes, deciden la marcha de la sociedad y de la economía. ¿Por qué gobernantes “populares” reciben coimas de los “grupos concentrados”, y otros no? Misterio. ¿Por qué algunos las aceptan durante años (y entonces son “entreguistas”), pero las rechazan más tarde (y se convierten en héroes de la lucha popular)? De nuevo, misterio. La historia se reduce así a una larga saga de piruetas y contra piruetas. Estamos en un callejón sin salida.
Poder de clase, estado, esencialismo
El materialismo histórico brinda una perspectiva muy distinta de la anterior. Empecemos planteando una pregunta fundamental (me inspiro en lo que sigue en los trabajos de Poulantzas, ver textos citados). ¿Cuál fue el fundamento del poder del estado para realizar las transformaciones de los 90 en Argentina? En otros términos, ¿por qué y cómo un sector de la clase dominante (los grupos, según Basualdo) pudo imponer una política al conjunto de la clase capitalista, y a las clases medias acomodadas, si esa política solo favorecía a esa fracción “dominante”, y perjudicaba a todo el resto, y si además no tenía el control del estado y el gobierno? Conocemos la respuesta de Basualdo: porque “la fracción dominante” coimeó a los funcionarios elegidos por el voto, y a los líderes de la burguesía nacional, de la pequeño burguesía, de las clases medias, y de la clase obrera. Pero esta explicación solo es posible si se parte de una concepción esencialista del poder del estado. Ocurre cuando se piensa que el poder es una “cosa” que alguien maneja, a la manera en que se maneja un automóvil, que puede ir en una u otra dirección, a condición de que se pague lo suficiente (coimas, altos salarios) al conductor. Si el conductor es delegado directo de los grupos económicos, o es un líder popular coimeado, no importa mucho, porque “la cosa-automóvil” siempre podrá manejarse (a lo sumo, saldrá un poco más caro en el segundo caso).
A partir de aquí, el razonamiento se desliza hacia el subjetivismo y el idealismo. ¿Por qué? Pues porque el enfoque del “estado-cosa” no capta lo elemental: el poder no es una esencia más o menos cosificada, que se pueda tener o ejercer por fuera de las relaciones sociales, y de la lucha de clases. Como bien enfatiza Poulantzas, el poder siempre remite a relaciones sociales de fuerza, y no puede dejar de hacerlo. Por eso mismo, el estado condensa relaciones de fuerzas. Es una relación de fuerzas, estructurada, en primer lugar, por las relaciones de propiedad que comprenden a toda la clase dominante (no solo a los “grupos”) . El poder político del estado se asienta, en primerísimo lugar, en relaciones de poder económico (propietarios de los medios de producción frente a no propietarios de los medios de producción), que implican relaciones de explotación. En segundo término, esa relación de fuerzas está articulada, pero también cuestionada (en especial, en los períodos revolucionarios) por la lucha de clases. Pero si esto es así, el poder de clase no se puede ejercer al margen del lugar que ocupan las relaciones económicas, políticas e ideológicas entre la clase dominante y las clases subordinadas. La cuestión de las fracciones hegemónicas al seno de cada una de las clases, y sus relaciones con otras fracciones, solo puede resolverse exitosamente en el marco de este análisis global, en términos de clases sociales. Abstraer los grupos económicos de la clase social dominante en el modo de producción capitalista, lleva a graves errores de análisis. Es la idea -tan cara al progresismo izquierdista- de que los problemas de las masas se solucionan “controlando a los grupos económicos altamente concentrados”, sin tocar las bases del modo de producción capitalista.
A partir de concebir al estado como un nudo de relaciones de fuerzas, puede entenderse que el mismo se constituya en un espacio estratégico de organización de la clase dominante, y de su poder de clase. Si, en cambio, se considera que el poder del estado es una “cosa-automóvil”, que se adquiere con suficientes coimas y salarios, la relación estado – clase dominante termina siendo una relación de exterioridad. Por ejemplo, en los 90, y según esta visión, los grupos tenían el poder económico, pero los funcionarios votados por el pueblo detentaban el poder de la cosa-estado; la relación entre ambos polos se establecería, en consecuencia, por el puente de las coimas y los altos salarios. Con este enfoque, desaparecen las tensiones y contradicciones entre la acción del estado y la clase dominante, así como las relaciones de fuerza esenciales entre las clases. Obsérvese que estamos hablando de tensiones y contradicciones. Esto significa que el estado no es un simple apéndice reflejo de lo económico; tiene espacio propio, no se reduce a la economía. Pero no por ello el estado se independiza de la economía. Todas sus acciones están marcadas, inherentemente, por la dominación de clase: y los conflictos entre fracciones, y las tensiones, se desarrollan en este marco. Si no se comprende esto, insistimos en ello, la relación economía-estado (poder económico-poder político) se reduce a meras anécdotas de coimas y lobbies. Por esto mismo, el giro del partido Justicialista (con los K, ex montos, ex JP, y un largo etcétera) al neoliberalismo, no se puede explicar solo, ni principalmente, por la corrupción.
El menemismo, una política de clase
En base a lo desarrollado en el apartado anterior se deriva una visión sobre el menemismo y los 90 muy distinta de la que sostiene la tesis subjetivo-idealista de las coimas y “mordidas”. A igual de lo que sucedió a nivel mundial, el neoliberalismo no fue la expresión de una fracción del capital (usualmente se lo asocia al capital financiero), sino la encarnación de un programa político y social al que adhirió la clase capitalista de conjunto. Su objetivo era restablecer la tasa de rentabilidad del capital, haciendo retroceder al trabajo. La precarización laboral, el debilitamiento de los sindicatos, el disciplinamiento de la clase obrera mediante la desocupación y la amenaza de caer en el pauperismo, el restablecimiento del poder de la moneda (esto es, de la ley del valor trabajo), respondían a una lógica de clase. La ideología del neoliberalismo (en sus diversas expresiones teóricas, el monetarismo, los nuevos clásicos, los ofertistas, etc.) expresaba esta necesidad del capital de conjunto. Por eso, fue abrazada por las clases capitalistas de casi todos los países capitalistas, adelantados o atrasados. No fue una “imposición” de coimas y altos salarios (aunque por supuesto, buenos salarios para académicos y economistas allanaron muchos obstáculos intelectuales para su adopción).
Lo sucedido en Argentina se inscribe dentro de esta onda mundial. La flexibilidad laboral, los empleos temporarios, la vía libre para los despidos instantáneos, etcétera, beneficiaron al conjunto de la clase capitalista (Bonnet, 2007, subraya esta naturaleza del menemismo). El sometimiento de amplios sectores de la economía a las leyes del mercado (racionalización en las empresas privatizadas, despidos masivos, etcétera) permitió elevar la productividad. En los 90, miles de empresarios “nacionales y populares” sacaron provecho de las medidas que apuntaban a elevar la cuota de plusvalía. La acción del estado incidió directamente en las relaciones de producción; fue poder de clase concentrado. Es que no hay poder político sin poder de clase, y no hay poder de clase sin la base de la propiedad privada.
Por otra parte, las privatizaciones fueron acompañadas de inversión, lo que mejoró la infraestructura (por ejemplo, en telecomunicaciones y energía) y con ello las condiciones de explotación del trabajo. Esto también explica por qué amplios sectores de la burguesía argentina apoyaron al menemismo. En una nota anterior hice referencia al trabajo de Kulfas y Hecker (1998) en el que ponían de relieve el aumento de la productividad y de la inversión en la década menemista. Kulfas es hoy un alto funcionario del Banco Central, y destacado economista del kirchnerismo. Por supuesto, en la tesis “a lo Basualdo”, el escrito de Kulfas de 1998 solo se explicaría por el “transformismo”, esto es, por su cooptación con coimas para hacer tarea sucia a favor de “los grupos concentrados”. Mi interpretación es opuesta. Kulfas elogiaba el menemismo porque estaba consustanciado con sus objetivos y su programa. Y los datos que presentaba con Hecker demostraban que había habido, además de destrucción de empresas, modernización de equipos productivos e inversión. Pero esto explica también el apoyo de la burguesía argentina al menemismo en los años de “esplendor” de la convertibilidad. Los K y los ex montoneros puestos a funcionarios de Menem, respondían a este interés de clase. Las coimas y altos salarios fueron la frutilla del postre, pero no lo esencial (aunque sí fueron fundamentales para sus bolsillos). El voto a los delegados menemistas a la Constituyente de 1994, y a Menem en las presidenciales de 1995, no se puede explicar por las coimas y los altos salarios de los dirigentes. Hubo un amplio consenso en la clase dominante criolla, incluidas las más amplias capas de las clases medias adineradas. No fueron llevadas a votar de las narices por sus dirigentes “traidores y vendidos”. Es casi infantil recurrir a este tipo de explicaciones. Dejo apuntado asimismo que el voto de millones de trabajadores al menemismo no puede explicarse solo por el engaño; incluso es reductivo creer que la clase dominante domina solo con coerción y engaño (de nuevo, Poulantzas apunta este asunto).
Análisis en términos de clases o chismorreo sociológico
El abordaje materialista permite entender los procesos históricos y las evoluciones económico-sociales en términos de tendencias estructurales. Esto no quiere decir que lo individual no tenga importancia, sino que lo social -las relaciones de producción, las fuerzas productivas- tiene prioridad explicativa. Por supuesto, siempre hay medidas que favorecen a una u otra fracción del capital; esto implica tensiones, enfrentamientos y también compromisos en el seno de la clase dominante, que deben procesarse por intermedio del estado. En particular, durante las crisis, es inevitable la desvalorización de fracciones enteras del capital (no solo industrial). Pero la resolución de estos conflictos no depende, en lo esencial, de la capacidad de lobby de tal o cual empresa, o de la coima que haya recibido tal o cual funcionario, cuestiones en las que se entretienen las investigaciones de Basualdo. En otras palabras, las contradicciones sociales y la dirección del desarrollo no se resuelven analíticamente contando chismes.
Lo explico con un ejemplo. La convertibilidad en su momento fue saludada por toda la clase dominante argentina como una solución frente a las crisis hiperinflacionarias. La razón de fondo era que con alta inflación el mercado sencillamente no puede funcionar, y por lo tanto no hay acumulación posible. Pero con el tiempo, la apreciación de la moneda trajo problemas -dada la baja productividad relativa de la economía argentina- que terminaron estallando en 2001. Por eso, el quiebre de la convertibilidad no se explica diciendo que triunfó la “fracción devaluadora” sobre la fracción favorable al tipo de cambio bajo (Basualdo). Decir que la devaluación se impuso porque los devaluacionistas se impusieron, es tautología, lisa y llana, por más que se la disfrace con lenguaje sofisticado. En todo caso, hay que preguntarse por qué los devaluacionistas pudieron imponerse en 2001 y no, por ejemplo, en 1994. Y esto remite a la ley económica: en el mercado mundial se impone la comparación de los tiempos de trabajo y productividades, y la moneda no escapa a esta constricción, por más que quiera eludirla una u otra fracción de la clase dominante. La salida de la crisis de 2001-2 por vía de la devaluación, caída del salario y ajuste, tuvo el apoyo de prácticamente todo el partido Justicialista (los K y ex montos incluidos), y otras formaciones burguesas, porque respondió a una lógica de clase, y no porque se hubiera impuesto una u otra fracción de la clase dominante.
Las tensiones y relaciones entre sectores del capital (productores de bienes transables y no transables, ramas industriales o financieras, etc.) evolucionan en este marco, y los programas políticos necesariamente expresan esta realidad. Si no se tiene en cuenta esto, el análisis se pierde en las superficialidades de los “grupos de influencia”, de las coimas, de las capacidades de lobby y datos similares. Es un cuento sin profundidad, que desemboca en el seguimiento de las interminables piruetas políticas de los personajes de turno (aunque con la imprescindible prudencia que demandan algunos puestos públicos muy bien pagados).
En conclusión, es necesario avanzar un análisis en términos de clases sociales, de las relaciones de fuerza entre ellas, y de las lógicas de clase -vinculadas a la explotación del trabajo y la acumulación del capital- implicadas en las políticas implementadas frente a la larga crisis iniciada a mediados de los años 1970. El neoliberalismo fue la respuesta del capital a esa crisis; sintetizó el programa de las cámaras empresariales, de la clase dominante como totalidad concreta, frente al trabajo. El partido Justicialista (como el partido Radical, y otras formaciones menores) no escapan a estas generales de la ley. Mal que les pese a algunos doctores del progresismo de las ciencias sociales argentinas.
Textos citados:
Basualdo, E. (2011): Sistema político y modelo de acumulacion. Tres ensayos sobre la Argentina actual, Buenos Aires, Cara o ceca.
Bonnet, A. (2007): La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001, Buenos Aires, Prometeo.
Kulfas, M. y E. Hecker, (1998): “La inversión extranjera en la Argentina en los años 90, Tendencias y perspectivas”, Centro de Estudios para la producción.
Poulantzas, N. (1979): Estado, poder y socialismo, México, Siglo XXI.
Poulantzas, N. (1985): Poder político y clases sociales en el estado capitalista, México, Siglo XXI.
Basualdo, E. (2011): Sistema político y modelo de acumulacion. Tres ensayos sobre la Argentina actual, Buenos Aires, Cara o ceca.
Bonnet, A. (2007): La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001, Buenos Aires, Prometeo.
Kulfas, M. y E. Hecker, (1998): “La inversión extranjera en la Argentina en los años 90, Tendencias y perspectivas”, Centro de Estudios para la producción.
Poulantzas, N. (1979): Estado, poder y socialismo, México, Siglo XXI.
Poulantzas, N. (1985): Poder político y clases sociales en el estado capitalista, México, Siglo XXI.
