Ley de servicios audiovisuales: La madre de todas las batallas

“Ley de medios, listo. Papel Prensa, casi listo. Origen de Felipe y Marcela, en cualquier momento.”
La síntesis corresponde a un mensaje colgado en la red twiter por el canciller Héctor Timerman y diseña el blanco de ataque en la mayor confrontación, considerada por el oficialismo “la madre de todas las batallas”, en la disputa por el cambio de hegemonía mediática que exprese la nueva correlación de fuerza entre los distintos sectores de las clases dominantes y sus socios internacionales en Argentina.
La imagen lejana en el tiempo de Ernestina Herrera de Noble, propietaria de Clarín, Bartolomé Luis Mitre, propietario de La Nación, y el dictador Jorge Rafael Videla, se sobreimprime en las pantallas del presente con el actual juicio al represor, mientras transcurre una causa por la averiguación de la supuesta apropiación de bebés de desaparecidos, Felipe y Marcela, por parte de la dueña del mayor monopolio mediático en los últimos treinta años.
El investigado crimen, uno de los más siniestros del aparato represivo del Estado, se puede constituir en el golpe magistral, con un “jaque a la reina” marchando presa esposada por la apropiación ilegal de hijos de desaparecidos y encausada por un imprescriptible crimen contra la humanidad, que terminaría de desbaratar al multimedios Clarín-Canal 13-Radio Mitre-Todo Noticias, Multicanal-Cablevisión.
Las imágenes del pasado, con el corte de cintas en septiembre de 1978 en Papel Prensa, empresa cedida por el Estado a empresarios privados mediante el pago de sumas irrisorias y con beneficios fiscales, traen a la memoria épocas de libertad de expresión clausurada. Por entonces, apenas las publicaciones clandestinas del Partido Comunista Revolucionario daban cuenta de uno de los fabulosos y alevosos negociados que fundaban la era de la hegemonía dictatorial pro soviética en el “patio trasero de los yanquis”, con la correspondiente prensa adicta que trabajaría para el consenso social del “algo habrán hecho” y “el silencio es salud”.
Eran las épocas en las que, a modo de contraprestación, Clarín publicaba en la sección Policiales extraños operativos calificados de “enfrentamientos”, que no eran otra cosa que fusilamiento sumario de militantes políticos y sociales. Como aquel en el que 30 personas fueron acribilladas con las manos atadas con alambre a la espalda, que “el gran diario argentino” atribuyó en plena noche represiva a un atentado terrorista.
A aquella época también corresponden las denuncias del justicialista Osvaldo Papaleo, respecto a que “Clarín compró Papel Prensa con la familia Graiver secuestrada”.
Papel Prensa era una empresa de San Pedro y Baradero, constituida a fines de los ‘60 en forma mayoritaria por la familia Graiver en sociedad en un 25% con el Estado nacional.
En marzo de 1977 fueron detenidos el padre, la madre y la esposa de David Graiver, muerto misteriosamente en un dudoso accidente de aviación ocurrido el 7 de agosto de 1976, en México.
Un drama de turbia trama comenzó entonces para la familia del testaferro, entrampada en una oscura interna financiera y política entre distintos sectores de la Junta Militar: el grupo pro soviético de Videla-Viola y el pro yanqui de Camps.
“La tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, había asistido junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de Clarín, La Nación y La Razón, para ver si se podía firmar una carta de intención” de compra, en momentos en que la familia estaba liquidando sus activos. “Esa noche son detenidos“, relata Osvaldo Papaleo.
En base a declaraciones arrancadas bajo tortura en el Pozo de Banfield y en el Puesto Vasco de Bernal, un tribunal de guerra incluyó a los Graiver en lo que se llamó el “acta institucional” y los condenó a que todos los bienes de la familia pasaran a estar en manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial (Conarepa).
Por esta acción, Papel Prensa pasó a estar en manos del Estado, que convocó a fines del ’78 a una asamblea para tratar el tema accionario de la empresa, realizó una multiplicación de las acciones y cedió posteriormente ese porcentaje a Clarín, La Nación y La Razón, creando un monopolio mediático que detentó la producción del principal insumo de la prensa escrita, el papel de diario, durante más de treinta años.
Precisamente, los años en que rigió la ley 22.285 -tres durante gobiernos de facto y más de 27, constitucionales-, que perduró aún tras la recuperación institucional con el gobierno del radical Raúl Alfonsín, precisamente porque la hegemonía política no requirió un recontrato mediático, incluso pese a las diversas “revoluciones” tecnológicas ocurridas por entonces.
Otra época, intenta fundar ahora, la nueva expresión mediática derivada de estos siete años de gobierno, en los que el grupo de burguesía intermediaria que expresan Néstor y Cristina Kirchner acumuló poder, dinero y empresas, y replanteó alianzas estratégicas internacional que les permite pelear por la nueva hegemonía en los medios de prensa.
Con nada que perder y todo por ganar, el impulso de la nueva Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales permitió al gobierno de los Kirchner reglamentar la creación de un multimedios estatal y limitar y fragmentar los medios en manos de empresarios que no le son afines.
Complementario con esto, el manejo absoluto de la pauta publicitaria oficial -unos 470 millones de pesos estimados en 2009- seguirá determinando el sostenimiento económico de los preferidos del poder, como mecanismo de construcción de capacidad empresaria para algunos y no para otros.
La vigencia de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales -habilitada por la Corte Suprema de Justicia, que revocó por unanimidad una medida cautelar de la justicia federal de Mendoza que trababa su aplicación- requiere que los movimientos sociales, de género, políticos, gremiales, juveniles, campesinos, originarios, se involucren en la demanda de licencias para medios de comunicación populares, y garantías para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión ante una norma que sigue atada a la regulación del “libre mercado”. De no terciar las fuerzas democráticas y revolucionarias, y si impera la ‘libertad de empresa‘, poderosos grupos monopólicos, nuevos y viejos, volverán a reinar en el espectro radioeléctrico.
EL MULTIMEDIOS DE “TODOS”
El kirchnerismo lidera desde el control del estatal Canal 7 el cambio tecnológico más significativo de este momento para nuevos negocios televisivos, telefónicos y de Internet.
La Televisión Digital Terrestre es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la televisión abierta, que se transmite por ondas hertzianas. A diferencia del modelo de radiodifusión analógico, caracterizado por una limitada cantidad de canales, la TDT permite ofrecer más señales. Con la técnica de compresión de imágenes MPEG4 se podrán transmitir seis señales de definición estándar y una señal para teléfonos celulares en el mismo ancho de banda que requiere un canal analógico (6mhz). El nuevo dispositivo contempla también mejor calidad de imagen y sonido y capacidad de interactividad. En el campo de batalla se despliegan antenas del servicio de TV digital de Canal 7, se fortalece la marca “Fútbol para Todos” en alianza con la Asociación del Fútbol Argentino-AFA, se ponen a punto transmisores, se redactan pedidos de licencias de radiodifusión y se reclutan nuevos equipos de producción que alimenten los flamantes canales periodísticos y culturales, para librar próximos combates mediáticos y tratar de ganar “opinión pública“.
En una nueva “vuelta de soja” de la dependencia, la norma digital japonesa -igual a la adoptada por Brasil- y los conversores chino-brasileños, será ahora parte de la tecnología que regirá el soporte comunicacional.
Las 16.000 escuelas rurales dispersas por el territorio argentino, no cubierto por antenas, recibirán decodificadores digitales para la recepción directa satelital de las señales de Canal 7, Canal Encuentro, la infantil Paka Paka y una de cine nacional.
La empresa Electroingeniería, ligada a la obra pública kirchnerista, creará un nuevo canal de aire en sociedad con el empresario sanrafaelino Omar Alvarez, a través de la habilitación del gobierno de Canal 13 de Mendoza, vinculado a esta empresa constructora instalada en Córdoba.
Electroingeniería compró antes Radio del Plata, cuyo director comercial es Sergio Szpolski, y es propietaria de LV2, La Mañana de Córdoba y varias radios FM. El socio Alvarez es dueño del canal de cable mendocino CTC, de sitioandino.com y una FM. El consorcio entre Electroingeniería y Alvarez tiene adjudicada una obra hídrica por 40 millones de pesos.
El grupo de medios Szpolski, crecido como yuyo en la era kirchnerista, ya acumula los diarios Buenos Aires Económico-BAE, el platense Diagonales, el de distribución gratuita El Argentino, Miradas al Sur y Tiempo Argentino; además, revista Veintitrés, La U, 7Días, Newsweek y la FM Aspen, y el novel canal de cable CN23. Medios regados abundantemente con publicidad oficial, área donde ¡vaya si se verifica! la categoría de “posición dominante“: 42 millones de pesos durante 2009, un 19% de lo que el Estado distribuyó entre los medios gráficos.
Szpolski participó del directorio del vaciado Banco Patricios, cuya entidad también integró el titular del gremio de porteros y financista del PJ Capital, Víctor Santa María, quien es titular de la flamante AM 750 de Capital Federal con estudios en el segundo piso del centro cultural Caras y Caretas, en el imponente complejo edilicio del Suterh. El transmisor y la antena de la AM 750 -frecuencia ubicada entre las líderes de audiencia Radio 10 (AM 710) y Mitre (AM 790)- se encuentran en la Universidad de Lomas de Zamora, hogar del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto.
¿LAS FM LLEGARON AL PODER?
Mariotto, ex titular de una radio libre del sur bonaerense, afirmó que “la ley se va a aplicar y a partir de ahora se va a discutir argumento por argumento” ante las cautelares pendientes, como las aplicadas por la justicia de Salta, Capital Federal y San Juan.
La demanda del diputado Enrique Thomas, quien cuestionó violaciones del reglamento de la Cámara de Diputados durante la sanción de la ley de Servicios Audiovisuales y obtuvo la suspensión total de la norma por la justicia federal de Mendoza, fue rechazada por la Corte Suprema por no respetar “el criterio de razonabilidad” y porque no es “la Justicia el lugar para reeditar un debate que perdió (el diputado) en el Congreso”.
Aún así, el panorama de la judicialización seguirá siendo complejo. Entre las cautelares pendientes se cuentan las de los grupos Vila y Clarín, impugnando el artículo 161 que establece el plazo de un año para desinvertir y vender canales de televisión y radio.
Otro tema de fricción es el artículo 41, que impide la transferencia de las licencias entendiendo que éstas no son asimilables a la mera idea de propiedad privada porque son concesiones otorgadas por el Estado.
La provincia de San Luis impugnó el derecho del Estado nacional a involucrarse en temas de radiodifusión que corresponderían sólo a las provincias.
EL NUEVO CAMPO DE LA COMUNICACIÓN POPULAR
Del otro lado, comienza a desplegarse un nuevo campo de comunicación popular que tendrá que lidiar con las nuevas condiciones reglamentarias para ser radiodifusor, productor de contenidos o licenciatario de televisión por cable. El proceso de reglamentación de la ley, en curso, genera nuevamente la instancia de audiencias públicas para que los interesados eleven al Poder Ejecutivo sus demandas respecto a la “letra chica” con que regirá cada normativa. De esos detalles dependerá la mayor o menor apertura del derecho de expresión y la condición de su existencia a través de presupuestos específicos que sustenten materialmente la libertad de expresión, en la concepción leninista que relaciona “opinión+imprenta”.
En esta guerra de los medios, la comunicación popular tiene que librar su propia lucha por la expresión y los contenidos, sin subordinarse como soldado de ninguno de los ejércitos en pugna.
El área de los medios de expresión debe ser jerarquizada como territorio de lucha política, social y cultural por los revolucionarios, que supieron hacerse escuchar hasta en épocas de sanguinaria restricción de la palabra y quienes, ante el demagógico discurso oficial, no tienen motivo alguno para replegarse de un espacio que les pertenece por lucha y sangre derramada.
UN 33% PARA “PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO”
El contenido de la nueva norma recoge lo elaborado en anteriores proyectos de ley de radiodifusión y, en pos de achicar el blanco de ataque a la actividad monopólica fundamentalmente del Grupo Clarín y Torneos y Competencias, introduce concesiones a la radiodifusión popular y a la producción nacional de contenidos. También reconoce derechos consagrados por la lucha popular desde la resistencia a la dictadura, como la libertad de expresión. El kirchnerismo tuvo además que resignar su afán de que las telefónicas fueran prestadoras del denominado Triple Play -teléfono, televisión por cable e Internet-.
Ese 33% de las frecuencias y señales que la ley asigna a “personas jurídicas sin fines de lucro” -cooperativas, radios comunitarias y originarias, universidades, organizaciones sindicales y otras- mejora mucho la anterior normativa.
Este nuevo panorama requiere que los movimientos sociales, políticos, de género, gremiales, juveniles, campesinos, originarios, estudiantiles, se involucren en la demanda de licencias para medios de comunicación populares, controlen una asignación equitativa de frecuencias y se movilicen para la protesta toda vez que sea amañado un procedimiento.
La cuota exigible de producción nacional y local debe permitir gestar productoras de contenidos para televisión y radio, exigiendo el reconocimiento de la expresión de ese 33% también en el terreno informativo y cultural.
Los comunicadores populares deben avanzar en la gestación y gestión de emisoras de media potencia, con programas bilingües para las radios de originarios, planes de alfabetización con presupuesto educativo para zonas rurales y toda búsqueda creativa para resolver la existencia material de estos medios, sin la cual se tornará una mentira la “libertad de prensa”.